El informe ha sido elaborado por la Policía, con la colaboración de los Bomberos y el departamento de Industria del Govern. Las conclusiones ya están en manos de la Justicia, que deberá valorar si existen indicios de delito o si el siniestro debe tramitarse exclusivamente por la vía civil.
Por el momento, no hay ninguna confirmación oficial sobre el origen de las llamas. La hipótesis inicial apuntaba a una pequeña brasa en la parte posterior del complejo, una posibilidad defendida por los promotores que, hasta ahora, no ha sido confirmada públicamente por las autoridades.
Los responsables de la promoción inmobiliaria esperan que el informe policial concluya que el incendio fue fortuito y que no hay indicios de criminalidad.
Esta circunstancia facilitaría que el procedimiento pasara a la jurisdicción civil y que pudieran empezar a resolverse las cuestiones relacionadas con los seguros y la rehabilitación.
Sin embargo, esta es la previsión de los promotores y no una conclusión oficial conocida de la investigación. La decisión corresponderá a la Batllia, que deberá examinar la documentación y determinar si es necesario practicar nuevas diligencias.
Mientras tanto, el acceso a la Querola continúa prohibido. Los promotores, las compañías aseguradoras, los ingenieros y los arquitectos están pendientes de recibir la autorización judicial para entrar en las instalaciones e iniciar los trabajos de rehabilitación.
Los preparativos técnicos se desarrollan de manera preliminar desde principios de octubre, pero todavía no existe una estimación económica de los daños ni un calendario para la reconstrucción.
Los promotores confían en que la Batllia autorice la entrada lo antes posible. «Entraremos en el primer minuto en que nos lo digan», aseguran, destacando que mantienen intacta la voluntad de recuperar el complejo.
La entrega del informe policial abre una nueva etapa del procedimiento. El batlle instructor deberá analizar las conclusiones de los investigadores y podrá ordenar nuevas declaraciones de testigos, pruebas periciales y otras diligencias para esclarecer las circunstancias del siniestro.
Si no se identifican indicios de criminalidad, el procedimiento penal podría archivarse y las cuestiones de responsabilidad patrimonial y seguros podrían abordarse por la vía civil.
Una de las primeras decisiones judiciales podría ser autorizar un peritaje de los daños y permitir el inicio de las obras de rehabilitación, sin necesidad de esperar a que se resuelvan todas las eventuales responsabilidades.
No hay plazos concretos para la resolución definitiva del caso y, en función de las diligencias que deban practicarse, el procedimiento podría prolongarse durante años.