¿Puede Andorra abrir más hoteles y centros comerciales si no tiene pisos para los nuevos trabajadores?
Ricard Poy
El crecimiento de la economía andorrana está abriendo un debate que va más allá de la construcción de nuevos hoteles, centros comerciales o grandes establecimientos: ¿puede Andorra seguir autorizando actividades que necesitan cientos de trabajadores si después no hay viviendas asequibles para alojarlos? La falta de pisos a precios compatibles con los salarios se ha convertido en uno de los principales límites de crecimiento del país.
La cuestión es especialmente significativa en sectores como el comercio, la hostelería y la restauración, intensivos en mano de obra y que dependen en buena parte de trabajadores llegados de fuera.
Cada nuevo proyecto empresarial puede generar actividad económica y puestos de trabajo, pero también comporta la llegada de nuevos residentes que necesitan un sitio donde vivir. Si la oferta residencial no aumenta al mismo ritmo, la presión sobre el mercado del alquiler todavía puede crecer más.
Vincular los nuevos proyectos a la vivienda
En este contexto, Virtus ha planteado que la autorización de nuevos centros comerciales esté vinculada obligatoriamente a un plan de vivienda para los trabajadores a cargo de la empresa promotora.
El partido considera que las grandes superficies son incompatibles con su modelo turístico, basado en la calidad por encima de la cantidad, pero defiende que, si igualmente se autorizan, las empresas deben asumir parte del impacto residencial que generan.
La propuesta podría abrir un debate más amplio: aplicar esta exigencia no sólo a los centros comerciales, sino también a los hoteles u otros grandes proyectos que comporten importantes contrataciones.
De esta forma, la disponibilidad de mano de obra dejaría de ser el único criterio para valorar la viabilidad de una inversión y se incorporaría también la capacidad real del país para alojar a los nuevos trabajadores.
Virtus argumenta que buena parte de los empleados que necesitan estos proyectos perciben salarios que difícilmente pueden competir con los precios actuales del mercado inmobiliario.
El partido también cuestiona que sea el Estado quien acabe comprando viviendas a precio de mercado para ofrecerlas posteriormente a precios asequibles, al considerar que esto puede acabar trasladando al sector público una parte del coste residencial generado por iniciativas privadas.
Crecer sólo hasta dónde permite la vivienda
El dilema, por tanto, es si Andorra debe adaptar su crecimiento económico a su capacidad residencial.
Detener determinados proyectos podría limitar inversiones, actividad y creación de empleo, mientras que seguir expandiendo sectores intensivos en mano de obra sin incrementar paralelamente el parque de vivienda podría agravar los problemas para encontrar trabajadores y alojarlos.
La propuesta de Virtus introduce una tercera posibilidad entre prohibir nuevos establecimientos y continuar autorizándolos sin condiciones: permitir los proyectos, pero exigir que los promotores acrediten previamente cómo se alojará la plantilla adicional que necesitarán.
Esto convertiría la vivienda en un elemento más de la planificación económica y obligaría a plantear una pregunta antes de cada gran inversión: si Andorra necesita importar trabajadores para hacerla funcionar, ¿dónde van a vivir?
