El Govern d’Andorra ha dado este miércoles su visto bueno a la proposición de ley presentada por la consejera general socialdemócrata Laia Moliné, que pretende introducir este sistema como alternativa a las dos opciones tradicionales: comprar una vivienda con una hipoteca o pagar un alquiler.
El ministro portavoz, Guillem Casal, ha defendido que la iniciativa puede contribuir a diversificar las fórmulas de acceso a la vivienda y ayudar a reducir la tensión que sufre el mercado inmobiliario andorrano, especialmente en lo que respecta a la disponibilidad de pisos a precios asequibles.
La principal novedad del modelo es que la propietaria del edificio es la cooperativa y no las personas que residen en él. Sus miembros disponen de un derecho estable de uso sobre una vivienda concreta y participan colectivamente en las decisiones relacionadas con la gestión del inmueble.
De este modo, los residentes pueden disfrutar de una estabilidad residencial superior a la que ofrecen muchos contratos de alquiler convencionales, sin tener que afrontar necesariamente la compra de una vivienda en el mercado inmobiliario.
La fórmula también busca evitar la especulación. Los socios no pueden vender individualmente el piso ni quedarse con los beneficios derivados de su revalorización, porque la propiedad continúa en manos de la cooperativa.
Este sistema pretende situar la vivienda por delante de la inversión inmobiliaria, con el objetivo de facilitar el acceso a una residencia habitual a personas que tienen dificultades para asumir los precios actuales del mercado.
La propuesta del Partit Socialdemòcrata llega en un momento en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas del país. El encarecimiento de los alquileres y los elevados precios de compra han reducido las posibilidades de muchas familias y trabajadores de establecerse en una vivienda adecuada a sus ingresos.
Las cooperativas en cesión de uso quieren incorporar una tercera vía entre la propiedad privada y el alquiler tradicional, con una estructura colectiva que priorice el uso residencial de los inmuebles.
El Govern considera que esta fórmula comparte el objetivo de incrementar la oferta de viviendas destinadas a residencia habitual y ampliar las alternativas asequibles disponibles en el Principat.
A pesar del posicionamiento favorable, Guillem Casal ha advertido que la proposición de ley necesitará algunos ajustes durante la tramitación parlamentaria. El ejecutivo considera necesario revisar determinados aspectos jurídicos y técnicos para garantizar la coherencia con la legislación vigente y evitar duplicidades normativas.
La futura regulación debería proporcionar un marco jurídico específico para las cooperativas de vivienda, con garantías de transparencia, participación de los socios y mecanismos de gobernanza.
El apoyo del Govern a la iniciativa socialista representa un primer paso para incorporar una nueva fórmula de acceso a la vivienda en Andorra. Su aplicación efectiva dependerá de la aprobación parlamentaria de la ley y de la capacidad de poner en marcha proyectos cooperativos que amplíen realmente la oferta residencial asequible.