La medida todavía se está definiendo y requerirá una modificación de la Ley de inmigración, pero evidencia la dificultad de combinar la voluntad de frenar el crecimiento de la población con las necesidades del mercado laboral.
Hostelería y restauración son otros sectores con una elevada demanda de personal y podrían beneficiarse de esta flexibilización.
El Gobierno también plantea ampliar de tres a cinco años el periodo durante el cual los trabajadores temporeros podrán continuar en el país mediante los mecanismos previstos en la normativa.
Molné ha defendido que la nueva cuota “en ningún caso será inflacionista” y ha recordado que el crecimiento interanual de la población se ha moderado hasta situarse en el 1,9% en agosto.
El Ejecutivo se encuentra así ante un equilibrio complejo: quiere contener el aumento de residentes, pero al mismo tiempo necesita facilitar la llegada de mano de obra para que determinadas empresas puedan mantener la actividad.
El consejero general de Concòrdia, Cerni Escalé, ha advertido de los posibles efectos de esta política sobre la vivienda, los servicios públicos y el territorio, así como del riesgo de que una demanda de trabajadores superior a la oferta genere un “efecto llamada”.
Molné ha defendido, en cambio, que el crecimiento económico necesita trabajadores, aunque ha insistit que la llegada de nueva población debe ser sostenible.
La ministra también ha recordado que las cuotas habían llegado a superar las 6.000 autorizaciones anuales en 2003, muy por encima de los niveles actuales.
El Gobierno apuesta, por tanto, por mantener la contención demográfica, pero la realidad del mercado laboral le empuja a introducir más flexibilidad en las cuotas de inmigración para cubrir una falta de trabajadores que afecta a diversos sectores de la economía andorrana.