Canillo y Ordino crean un parque natural gigante que elevará al 31% el territorio protegido en Andorra
Redacción-ANA
Andorra está a punto de alcanzar un hito histórico en la protección del territorio: más del 30% del país quedará incluido dentro de espacios naturales protegidos. Esto será posible con la creación del nuevo Parque Natural Nacional de los Valles de Canillo y Ordino, el primer parque natural nacional del Principado.
El proyecto de ley que debe hacer posible el nuevo espacio se ha presentado este jueves y prevé proteger 8.834 hectáreas repartidas entre las parroquias de Canillo y Ordino.
Con esta incorporación, Andorra pasará a tener el 30,94% de su territorio preservado a través de parques naturales, una cifra que el Gobierno y los comunes consideran especialmente significativa.
El ministro de Medio Ambiente, Guillem Casal, ha destacado que el proyecto permite culminar, ocho años después de la aprobación de la ley que regula estos espacios, la creación del primer parque natural de ámbito nacional.
La cónsul mayor de Ordino, Maria del Mar Coma, ha calificado de «hito histórico» que el país supere el umbral del 30% de territorio protegido.
Ordino ya apostó hace 25 años por esta política con la creación del parque natural de Sorteny, que quedará integrado dentro del nuevo gran espacio.
Canillo, por su parte, aportará una parte muy importante de las hectáreas que formarán el parque.
El cónsul mayor de Canillo, Jordi Alcobé, ha definido el proyecto como una «apuesta valiente» que permitirá reforzar la protección y la gestión del territorio.
Además, el nuevo parque buscará establecer continuidad con otros espacios naturales protegidos de los países vecinos y crear un corredor de protección en los Pirineos.
El parque se dividirá en cuatro tipos de zonas: de uso moderado, restringido, de reserva y de uso especial.
En función de cada zona se permitirán actividades como la agricultura, la ganadería extensiva, la caza, la pesca o determinados usos recreativos compatibles con la conservación.
En cambio, quedarán excluidas actuaciones como la construcción de nuevas carreteras, infraestructuras energéticas o estaciones de esquí.
La gestión será compartida entre el Gobierno y los comunes de Canillo y Ordino mediante una junta rectora de ocho miembros.
También habrá una dirección compartida, un consejo consultivo con participación de la sociedad civil y una secretaría técnica.
Un año después de la entrada en vigor de la ley deberá estar aprobado el plan rector, que concretará las zonificaciones y los usos autorizados.
Este documento tendrá inicialmente una vigencia de seis años y deberá ir adaptándose a las necesidades del espacio.
El proyecto también tendrá un sistema de financiación estable, con una aportación inicial del Gobierno de 100.000 euros.
Además, el ejecutivo aportará como mínimo 440.000 euros anuales, equivalentes a 50 euros por hectárea protegida.
Los comunes también contribuirán y la futura fundación podrá captar subvenciones, donaciones y fondos nacionales o internacionales.
Con la creación del parque de Canillo y Ordino, casi una de cada tres hectáreas de Andorra quedará dentro de un espacio natural protegido, consolidando la preservación del territorio como una de las grandes apuestas del país.
