La fórmula más accesible es la residencia y trabajo por cuenta ajena. En este caso es necesario disponer de un contrato de trabajo con una empresa andorrana, entrar dentro de la cuota de inmigración disponible y acreditar un domicilio en el país.
La tasa inicial de inmigración es de 190,96 euros, a la cual se deben añadir los gastos de vivienda y documentación.
Por tanto, un trabajador asalariado no necesita realizar una gran inversión para convertirse en residente: el principal obstáculo económico es, en realidad, encontrar una vivienda que pueda pagar.
Además, los nuevos permisos están sujetos al sistema de cuotas y, en los casos previstos, será necesario acreditar el A1 de catalán en la primera renovación y el A2 en la segunda.
Una segunda posibilidad es establecerse como trabajador por cuenta propia. Para los empresarios que lo hacen mediante inversión extranjera hay que constituir una sociedad andorrana, tener una participación superior al 34%, formar parte de su órgano de administración y ejercer efectivamente la dirección.
El cambio importante de 2026 es económico. El Gobierno ha establecido para los nuevos permisos por cuenta propia vinculados a inversión extranjera una aportación de 50.000 euros a fondo perdido.
Es decir, un dinero que, a diferencia de un depósito recuperable, no se recupera. La cuota de este año es de solo 200 autorizaciones, 150 de las cuales corresponden a inversión extranjera, 30 a profesionales liberales y 20 a médicos.
En el otro extremo está la residencia sin actividad lucrativa, conocida habitualmente como residencia pasiva. Es la vía pensada para personas con patrimonio suficiente que quieren vivir en Andorra sin trabajar en ella.
Desde 2026, el listón es considerablemente más alto: los nuevos residentes pasivos deben asumir una inversión mínima total de un millón de euros y una aportación de 50.000 euros a fondo perdido para el titular, más 12.000 euros por cada persona a su cargo.
A esto se añade una tasa inicial de inmigración de 3.000 euros para la residencia sin trabajo.
Así, una persona sola que opte por esta modalidad necesita movilizar más de un millón de euros entre inversión, aportación obligatoria y tasas, aunque hay que diferenciar la inversión —que sigue formando parte de su patrimonio— del dinero entregado a fondo perdido.
Existe también la figura del nómada digital, destinada a personas que pueden desarrollar su trabajo sin una ubicación física concreta gracias a las telecomunicaciones. En este caso no se exige la millonaria inversión del residente pasivo, pero sí una resolución favorable del ministerio de Economía, medios económicos suficientes, vivienda y un seguro de enfermedad e incapacidad.
El nómada digital debe convertir Andorra en su residencia principal y efectiva durante un mínimo de 90 días cada año. La autorización inicial tiene una duración de dos años y posteriormente puede renovarse.
También existen modalidades específicas para profesionales con proyección internacional, deportistas, científicos o personas vinculadas a la cultura, sometidas a requisitos propios y a contingentes muy reducidos.