El dilema de Andorra: frena la llegada de inmigrantes, pero las empresas necesitan trabajadores
Ricard Poy
Andorra ha superado ya los 90.000 habitantes y el Gobierno intenta moderar un crecimiento demográfico que en los últimos años ha avanzado de manera muy rápida. Una de las herramientas utilizadas es restringir la entrada de nuevos trabajadores extranjeros mediante una reducción de las autorizaciones iniciales de inmigración.
Los últimos datos de Estadística reflejan claramente este cambio. Entre marzo y mayo se concedieron 1.352 autorizaciones iniciales, un 21,3% menos que durante el mismo periodo del año anterior.
El recorte es aún más pronunciado en las autorizaciones prorrogables, que bajan un 26,4%, hasta las 1.151.
Pero es en los permisos de residencia y trabajo, los que permiten incorporar nuevos asalariados al mercado laboral andorrano, donde la caída resulta especialmente significativa: se concedieron 720, un 33% menos.
La política busca limitar la llegada de nuevos residentes en un momento en el que el país afronta una fuerte presión sobre la vivienda, las infraestructuras y los servicios públicos.
La contrapartida es que la reducción de la entrada de trabajadores está acentuando un problema que hace tiempo que denuncian diferentes sectores empresariales: la dificultad para encontrar suficiente mano de obra.
Uno de los ámbitos más afectados por la disminución de los nuevos permisos es precisamente el de los servicios, la restauración, los trabajos personales, la protección y el comercio.
En estas profesiones se concedieron , 100 autorizaciones iniciales menos, una bajada del 34% respecto al mismo periodo del año anterior.
También cae considerablemente la entrada de técnicos y profesionales de apoyo, con 79 permisos menos y una reducción del 33,1%.
Esta situación plantea un difícil equilibrio para el país: reducir la inmigración para contener el crecimiento de la población sin dejar a las empresas sin los trabajadores que necesitan.
De hecho, el mercado laboral andorrano mantiene una elevada dependencia de la mano de obra procedente del exterior.
A 31 de mayo había 57.897 autorizaciones de inmigración en vigor, un 4,5% más que un año antes.
De estas, 43.241 correspondían a permisos de residencia y trabajo, mientras que 10.359 eran exclusivamente de residencia.
Los permisos para trabajadores transfronterizos siguen ganando peso y llegaban a los 1.984, un 4,1% más que el año anterior.
Las autorizaciones iniciales de transfronterizos también crecieron un 2,9%, una evolución que permite incorporar mano de obra sin incrementar en la misma medida la población residente.
Mientras tanto, los permisos temporales han experimentado un fuerte aumento.
Especialmente por la prolongación hasta junio de las autorizaciones de la temporada de invierno en sectores como la limpieza y la hostelería.
Los datos evidencian así el reto que afronta Andorra: un modelo económico que continúa necesitando trabajadores extranjeros mientras el país intenta poner freno al aumento de residentes.
