La administración española considera que la empresa cometió una infracción muy grave de la normativa del juego. Aunque el nombre de David Cánovas, conocido como The Grefg, no aparece en la resolución pública, los datos de la campaña coinciden con el sorteo que promocionó el creador de contenido.
La iniciativa se desarrolló durante las fiestas de Navidad de 2024 y finalizó el 6 de enero de 2025. Para participar, los interesados debían comprar un fondo de pantalla digital por el precio de un euro. Cada compra daba derecho a una participación en el sorteo del vehiculo.
El sistema permitió vender 376.850 participaciones, con una recaudación de 376.850 euros. El premio era un Tesla Model S Plaid propiedad del propio youtuber, que había explicado que el coche le había costado cerca de 120.000 euros. En el momento de la rifa, el vehículo estaba valorado en más de 75.000 euros.
El problema legal era que, según las autoridades españolas, la venta de los fondos de pantalla constituía en realidad una rifa encubierta, actividad que requería una autorización específica que la empresa no había obtenido.
EBR Management SLU defendió que se trataba de una campaña publicitaria y no de una actividad de juego. Sin embargo, el Ministerio de Consumo rechazó esta interpretación y concluyó que la operación se había desarrollado sin el permiso obligatorio.
La multa de 750.000 euros equivale aproximadamente al doble del dinero recaudado con las participaciones. Según la información publicada por El País, se trata de la mayor sanción conocida en España en una actuación de estas características vinculada a un influencer.
La controversia llega después de otro episodio que situó a The Grefg en el centro de la actualidad andorrana. En 2024, su sociedad inmobiliaria Grefito protagonizó un conflicto judicial con una inquilina de 80 años de un edificio de Escaldes-Engordany.
La empresa había comprado el inmueble en 2020 y había dejado de renovar varios contratos. La mujer denunció que las obras efectuadas en el edificio habían dejado su vivienda en condiciones inhabitables.
La sociedad solicitó su desahucio, pero la resolución judicial fue favorable a la inquilina. El caso provocó una importante polémica en Andorra sobre la protección de los arrendatarios y derechos de los propietarios.