La congelación de los alquileres, introducida en 2019, ha provocado que una parte de los residentes sigan pagando importes muy inferiores a los que exige actualmente el mercado. Así, una vivienda de dos habitaciones que se alquiló hace años por 800 euros puede tener hoy un precio de 2.000 o 2.100 euros si vuelve a salir al mercado.
Esta situación ha creado una división entre los inquilinos que disponen de contratos antiguos protegidos y los que han tenido que buscar vivienda recientemente.
Los primeros mantienen precios relativamente asequibles, mientras que los segundos se enfrentan a un mercado con escasa oferta y precios disparados.
La diferencia puede superar el 150% entre dos viviendas equivalentes. Y no es un fenómeno exclusivo de los pisos de reducidas dimensiones.
En Andorra la Vella, las viviendas de tres habitaciones pueden alcanzar los 2.900 euros mensuales.
La situación también genera una paradoja: muchos residentes con contratos antiguos no pueden permitirse cambiar de piso, aunque sus necesidades familiares hayan evolucionado. Abandonar una vivienda protegida significa exponerse a precios que pueden duplicar o triplicar el alquiler anterior.