La decisión ha provocado una polémica entre el organismo público propietario de los inmuebles y el alcalde de la localidad, Arnaud Diaz, que se opone a la demolición porque considera que eliminar viviendas agravará el declive demográfico del municipio.
La controversia se produce en una localidad situada a 1.450 metros de altitud, en un entorno de montaña con unas condiciones climáticas exigentes.
El director general de la OPH de l'Arieja, Thierry Tourtoulou, ha explicado a La Dépêche du Midi que las viviendas han perdido por completo su atractivo residencial.
«Con el paso del tiempo, estas viviendas se han vuelto imposibles de alquilar. Hemos pasado de 20 pisos ocupados hace treinta años a una desocupación total», ha asegurado Tourtoulou.
Según el responsable del organismo público, actualmente no existe ninguna demanda de alquiler social en esta zona de altitud, una circunstancia que hace inviable mantener los edificios en las condiciones actuales.
La situación contrasta con la crisis de la vivienda que vive Andorra, situada a pocos kilómetros, donde la falta de pisos disponibles y el elevado precio de los alquileres constituyen uno de los principales problemas sociales y económicos.
Uno de los principales argumentos para justificar la demolición es el elevado coste de recuperar los inmuebles. La OPH calcula que rehabilitar las 21 viviendas exigiría una inversión de 3,5 millones de euros, una cantidad que equivale aproximadamente a 167.000 euros por piso.
El organismo considera difícil justificar este gasto público cuando las viviendas están completamente vacías y no hay solicitudes para ocuparlas.
Además, el régimen de vivienda social francés impone condiciones específicas para adjudicar los pisos, lo que limita las posibilidades de destinarlos a otros perfiles de residentes.
El alcalde de l'Hospitalet-près-l'Andorre, Arnaud Diaz, mantiene una posición contraria a la demolición porque considera que la desaparición de los pisos perjudicará las posibilidades de recuperar población.
Para el responsable municipal, conservar viviendas es una cuestión estratégica para el futuro de una localidad que lucha contra la despoblación.
La OPH, en cambio, defiende que mantener 21 pisos sin ninguna demanda de alquiler no tiene justificación social ni económica, especialmente cuando su rehabilitación requeriría una inversión millonaria.
El caso pone de manifiesto una paradoja territorial: mientras Andorra sufre una grave escasez de viviendas y unos precios de alquiler muy elevados, a solo 11 kilómetros de la frontera francesa se plantea demoler un conjunto de 21 pisos porque hace años que nadie quiere ocuparlos.
Una resposta
Arregleu la carretera per poder arribar cada día a la feina, netejeu be les carreteres i mes de un treballador de pas viuria allá, pero claro jo no soc politic