La normativa establece que los permisos afectados deben acreditar un nivel A1 en la primera renovación y un A2 en la segunda. En determinados permisos concedidos anteriormente se ha aplicado un régimen transitorio basado en itinerarios formativos.
El planteamiento es importante porque transforma completamente la relación del recién llegado con la lengua. Antes, una persona podía llegar a Andorra, trabajar allí durante años y desarrollar buena parte de su vida cotidiana en castellano, francés, portugués u otras lenguas sin necesidad real de aprender catalán.
Ahora existe un incentivo mucho más contundente: si se quiere consolidar la residencia en el país, es necesario avanzar en el conocimiento de la lengua oficial.
Los primeros datos indican que esta presión está teniendo efectos. En la convocatoria de exámenes de enero de 2026 hubo 930 inscritoscasi , 200 más que en enero de 2024. Y los niveles que más crecieron fueron precisamente los relacionados con los nuevos requisitos: los inscritos alA1 aumentaron un 88% y los delA2, un 80%.
La tendencia ha continuado. En la segunda convocatoria del 2026 se alcanzó un nuevo récord de 1.020 inscritos, frente a los 859 de la convocatoria anterior. Solo elA1 concentró 254 candidatos y elA2, 168.
La demanda ha sido suficiente para que el Gobierno haya programado incluso una convocatoria extraordinaria del A1 para el 4 de septiembre, con 150 plazas, dirigida específicamente a residentes y fronterizos que necesitan acreditar el catalán para renovar el permiso.
Por lo tanto, si uno de los objetivos de la ley era conseguir que los inmigrantes aprendieran catalán, los primeros datos apuntan que la medida está funcionando: nunca tanta gente había tenido un incentivo administrativo tan directo para estudiarlo y acreditarlo.
Otra cuestión es si esto se traducirá en un mayor uso real del catalán en la calle, en los comercios y en los lugares de trabajo. Aprobar un nivel A1 significa acreditar unos conocimientos muy básicos; no garantiza que aquella persona adopte el catalán como lengua habitual.
Precisamente por eso existe un segundo escalón. En la siguiente renovación se exige elA2, de forma que el sistema intenta evitar que el aprendizaje se limite a superar una única prueba elemental.
El Gobierno también ha reforzado la oferta formativa. Los cursos públicos son gratuitos, se ofrecen desde elA1 hasta el C2 y existen modalidades intensivas y extensivas en diferentes parroquias.
La otra gran incógnita es el mercado laboral. El riesgo de la reforma era que un trabajador extranjero pudiera pensar que, si debía aprender obligatoriamente una lengua para continuar en el país, le resultaba más fácil buscar trabajo en otro territorio.
De momento, sin embargo, no hay suficiente evidencia para afirmar que el requisito lingüístico esté provocando una fuga significativa de trabajadores.
Y este es un matiz importante: el aumento de inscripciones demuestra que la gente está estudiando catalán, pero aún es pronto para concluir definitivamente que la reforma no tendrá efectos sobre la atracción o la retención de mano de obra.
También hay que tener en cuenta que la exigencia inicial es limitada. Un A1 no implica dominar el catalán. Se pide que una persona que quiere seguir residiendo en el país sea capaz de entender y utilizar expresiones cotidianas muy básicas.
El debate de fondo es, por tanto, hasta dónde puede llegar Andorra en la exigencia lingüística sin perjudicar una economía extraordinariamente dependiente de la inmigración.
Los primeros datos ofrecen, sin embargo, una señal favorable: ante la obligación de elegir entre aprender un catalán básico o renunciar a consolidar el permiso, cientos de residentes están optando por aprenderlo.
Esto permite empezar a valorar el riesgo asumido por Andorra desde una perspectiva diferente. Quizás exigir catalán no está expulsando a los recién llegados, sino consiguiendo que personas que probablemente no lo habrían estudiado nunca den ahora el primer paso para incorporarlo a su vida cotidiana.
La prueba definitiva llegará durante los próximos años, cuando se pueda comprobar cuántos permisos se deniegan por no acreditar la lengua, cuántos trabajadores se marchan por este motivo y, sobre todo, si el aumento espectacular de alumnos y examinados se convierte finalmente en más catalán hablado en la calle.